La situación actual de la Administración General del Estado se caracteriza por del continuo deterioro de los servicios públicos que presta la AGE. Esto es debido a la permanente reducción del número de empleadas y empleados públicos, a la continua disminución de las partidas presupuestarias correspondientes al funcionamiento y a los insoportables recortes generales de los presupuestos asignados a los departamentos y organismos públicos.

A esto hay que añadir que las condiciones de trabajo de las empleadas y empleados públicos, han empeorado de manera muy grave tanto en el desarrollo de la actividad laboral, como en retribuciones y derechos de negociación colectiva.

Ya han transcurrido varios meses desde que el Gobierno viene desarrollando sus funciones, también desde que los nuevos responsables de función pública ocupan sus responsabilidades y pocas reuniones de la mesas de negociación han tenido lugar. Estamos a principios de mayo y aún no hemos tenido el más mínimo contacto para tratar sobre la Mesa General del Negociación AGE.

Aspecto grave en sí mismo, pero mucho más si tenemos en cuenta el importante número de modificaciones normativas que se han acordado por el Gobierno y el amplio paquete de reformas que se avecina, del que podemos destacar un nuevo recorte de retribuciones y una nueva pérdida de derechos que el gobierno lleva a cabo, esta vez eliminando el derecho a percibir el 100% de las retribuciones en caso de enfermedad.