La Administración, como consecuencia de lo establecido en el R.D. 20/2012 en relación con la nueva definición de centro de trabajo a los efectos electorales y su incidencia en la conformación de los Comités de Seguridad y Salud, plantea que se hace necesaria la adaptación de la normativa PRL en el ámbito de la AGE. Se nos presentó un borrador para que las Organizaciones Sindicales presentes en la Comisión Técnica y los Departamentos Ministeriales elevásemos, para su estudio, cuantas observaciones estimásemos.

UGT presentamos una batería de alegaciones:

En primer lugar, planteamos que se hace obligada la conformación de otros Comités de Seguridad y Salud en aquellos ámbitos donde sea necesario por cuestión de actividad productiva, tipo o frecuencia de riesgos, etc. según el esquema general de peligrosidad establecido por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

También planteamos que los Delegados de Prevención fuesen designados por la Organizaciones Sindicales, en número proporcional a su representación y que dispusieran de un crédito de horas sindicales suficiente para el ejercicio de sus funciones sin merma de las horas sindicales como miembros de los Órganos de representación de los trabajadores.

Lamentamos comunicaros que no hemos avanzado nada. La Administración insiste, tercamente, en su planteamiento de que los futuros Miembros de los Comités de Seguridad y Salud sean elegidos por y entre los miembros de los comités o de las juntas sin crédito añadido. Y ello a pesar de que la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales –Ley 31/1995- en su artículo 35.4 recoge la posibilidad de que: "por acuerdo de las partes se podrá establecer otro sistema de designación". UGT llevamos casi 20 años intentando desarrollar este artículo y la postura inmovilista de la Administración es siempre la misma: "Ahora no toca".

UGT manifestamos que con los escasos recursos que dispondrá la representación de los empleados públicos tras las próximas elecciones, tanto en número de delegados como en crédito horario, la pretensión de la Administración hace absolutamente imposible acometer las responsabilidades derivadas de la PRL.

Solicitamos a la Administración que, para la próxima reunión, se replantee su postura, ya que de otra forma será imposible llevar a algún consenso en la redacción definitiva del Real Decreto. Este planteamiento supone de hecho acabar con la prevención de riesgos laborales en la AGE.