La Junta rescindirá el contrato a las empresas que no paguen dos meses de salario a sus trabajadores
La Junta de Andalucía rescindirá sus contratos con empresas que durante dos meses consecutivos no abonen los salarios a los trabajadores, según el acuerdo alcanzado con los sindicatos y los empresarios para incluir cláusulas sociales y medioambientales en la contratación de la administración autonómica.
La presidenta andaluza, Susana Díaz, que ha presidido hoy la firma del acuerdo, ha destacado que la Junta es la principal empresa de Andalucía, con un impacto económico en torno a los 6.000 millones de euros anuales y, por eso, este acuerdo "debe servir de ejemplo para el resto de administraciones".
El acuerdo incluye cláusulas, algunas de obligado cumplimiento y otras recomendaciones, para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas que contratan con la Junta y, así, se valorará a las comprometidas con la calidad del empleo, con la igualdad de oportunidades a través de la conciliación de la vida laboral y familiar y con el medio ambiente.
Las empresas contratistas de la Junta estarán obligadas a respetar los convenios sectoriales, a subrogar a los trabajadores respetando las condiciones laborales, y también se primará en la adjudicación el acceso al empleo de colectivos con dificultades como las personas que perciban rentas mínimas, con discapacidad o parados de larga duración, entre otros.
Asimismo, las empresas de más de 250 trabajadores tendrán que disponer de un plan de igualdad
En materia medioambiental, se establece la prohibición de contratar con empresas que incumplan la legislación ambiental o hayan sido sancionadas por infracción muy grave en materia social, de forma que quedan excluidas las licitadoras con cincuenta o más empleados en cuya plantilla no estén contratados al menos un dos por ciento de personas con discapacidad.
La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha elaborado una guía que recoge las cláusulas que deben incluirse de forma obligatoria en los pliegos de las contrataciones, así como recomendaciones de carácter general que tendrán en cuenta los órganos de contratación desde la presentación de ofertas hasta la adjudicación y ejecución del contrato.
La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Andalucía ha participado activamente en el desarrollo de la guía, aportando numerosos documentos jurídicos y reivindicaciones que se ajustan a la directiva Europea en materia de Contratación Publica.
Más de un año de negociación a culminado hoy con la firma del acuerdo, por parte de la FeSMC UGT Andalucía ha estado su Secretario de Organización, Eduardo Carrillo Martínez, el cual, manifiesta su satisfacción por haber conseguido algo que llevamos años reivindicando en la Unión General de Trabajadores, y que sin lugar a duda, el principal beneficiario/a son los trabajadores/as en Andalucía.
Todas las cláusulas serán de aplicación en la contratación de la Junta una vez que el Consejo de Gobierno apruebe un decreto, previsiblemente a finales de octubre, y entrarán en vigor una vez publicada en el BOJA.
La secretaria general de UGT-Andalucía, Carmen Castilla, que ha celebrado que es un "día importante para la clase trabajadora", ha puesto en valor el compromiso de la Junta de Andalucia.
El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, ha destacado que Andalucía es pionera con este pacto, ya que suple algunas carencias en la contratación pública al no haber traspuesto el Gobierno central tres directivas europeas en esta materia.
Asimismo, ha valorado que el pacto sea fruto del acuerdo social, que tenga como objetivo el empleo y que facilite la seguridad jurídica, al tiempo que ha reconocido que la patronal ha hecho "concesiones" en aras de lograr un "gran acuerdo general".
La presidenta de la Junta, que ha agradecido a los agentes sociales su compromiso, se ha felicitado por que se garantice la igualdad de oportunidades de quienes acceden a la contratación pública y ha saludado que se dé un "paso importante" para conseguir una sociedad "más decente en lo laboral, más justa en la social y más respetuosa con el medio ambiente".
También ha ensalzado el compromiso social de acuerdo, ya que se protegen las condiciones laborales de los trabajadores de las contratas con "salarios justos", se facilita la conciliación familiar y laboral y se ampara a los colectivos con más dificultades de inserción laboral.