Delegados sindicales y trabajadores de la empresa Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa S.A) se han concentrado hoy frente a  la sede central de la empresa para protestar por la aplicación del decreto de ajustes a la función pública de la Junta de Andalucía, a los 1.300 empleados de sus centros de trabajo (ITV) de toda Andalucía.

Un decreto que, a pesar de la anulación de algunos puntos, “no deja de trasgredir los derechos laborales de los trabajadores (recogidos en su convenio colectivo 2008-2012) ya que sólo anula el recorte de los pluses de junio y diciembre, pero mantiene en vigor asuntos como la ampliación de la jornada laboral, calendario u otros derechos sindicales adquiridos”.

Esta semana, MCA-UGT ha presentado una demanda por conflicto colectivo en el Sercla para impedir estas medidas bajo el argumento de que Veiasa es una sociedad mercantil autofinanciable, con beneficios económicos y sin ninguna aportación de los presupuestos de la Junta de Andalucía o del Estado.

Un argumento respaldado por una sentencia (1525/2011) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a raíz de otra denuncia presentada en 2010 por UGT contra las medidas extraordinarias de recorte del 5% en las retribuciones de funcionarios y personal laboral. Según el fallo. “no se aplicará al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles del sector público andaluz, salvo que por negociación colectiva de las parten decidan lo contrario”. También aclara que Veiasa es una sociedad mercantil con capital 100% público, que se constituyó en sociedad anónima el 2009 y que tiene por labor principal el servicio de Inspección Técnica de Vehículos en Andalucía