El motor económico de Cádiz se apaga. Desde hace unos años, estamos siendo testigos de un desmantelamiento industrial atroz en una provincia que, aunque estratégicamente cuenta con todas las ventajas para ser el referente económico en Andalucía, resulta que políticamente no lo es tanto. Ninguno de los gobiernos parece estar por la labor de creer en ella más allá de los compromisos y grandes proyectos industriales que anunciaron a bombo y platillo y que, a día de hoy, queda en papel mojado.

El primer golpe llegó con el cierre de la multinacional automovilística Delphi. Miles de trabajadores afectados, sin más opción que verse en la calle bajo promesas electorales y una confianza ciega en el papel tutelador de la Junta de Andalucía. Para la gran mayoría, la salida fue una formación becada para su recolocación en los nuevos de proyectos industriales que se ubicarían en la zona. Para una inmensa minoría, la prejubilación.  Cinco años más tarde ni unos ni otros tienen su futuro claro.

Los recolocables asisten atónitos a continuos desprecios de la Junta de Andalucía que busca desprenderse de sus compromisos adquiridos el 4 de julio de 200  utilizando la puerta de atrás, bajo la excusa tan manida de la crisis. Por otro lado, los prejubilados se sienten amenazados por el nuevo decreto-ley del Gobierno andaluz sobre las ayudas sociolaborales de los extrabajadores afectados por el cierre de empresas.

El decreto –pese a estar propiciado por los cinco sindicalistas de Santana que estuvimos 28 días encerrados en Empleo- no cuenta ni con nuestra participación ni con nuestro visto bueno. Mi indignación roza la furia porque no sólo es un incumplimiento más sino que, ante todo, es un atropello a los derechos laborales y compromisos pasados. No es de recibo que un desaguisado de tal calado haya sido validado por el Parlamento andaluz la semana pasada, porque resuelve la situación de unos a costa de otros.

Desde MCA-UGT Andalucía queremos impedir tal injusticia que vulnera derechos fundamentales debido a su retroactividad y llevarla a los tribunales. Una tarea a la que invitamos a todos aquellos afectados que sean llamados a novar sus pólizas, para que acompañen junto a su firma la condición de poder ejercer su derecho a emprender acciones legales en caso de disconformidad.

No podemos dejar morir a la Bahía. El problema no es solo de los extrabajadores de Delphi, sino de otros miles afectados de Visteon, Alestis o Navantia. Desde MCA-UGT Andalucía no vamos a dejarlos a su suerte. Por encima está nuestro compromiso moral y una responsabilidad social con ellos. No vamos a permitir que políticos utilicen las desgracias ajenas como armas arrojadizas a sus intereses. Es cuestión de dignidad, la que parece faltarles a todos aquellos que dicen representarnos en los órganos democráticos.

Es momento de exigir. Queremos que la Junta de Andalucía (Psoe e IU) se quede con los terrenos, que los reindustrialicen y que active mecanismos de aceleración y entrada de carburante (me refiero a inversiones) junto con el Gobierno central para devolver esplendor de lo que un día fue Cádiz, la ciudad más importante del mundo bajo el espíritu de La Pepa. Una ciudad que precisamente estos días ha recuperado su valor  neurálgico con la presencia de los líderes de habla hispana en el XXII Cumbre Iberoamericana para entre todos, buscar salidas conjuntas a la crisis. Pues deberían tomar y empezar por  Cádiz. Porque salvar la Bahía, es urgente.

 

Manuel Jiménez Gallardo.

Secretario General   Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT Andalucía

 

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