Metal, Construcción y Afines (MCA), Federación de Industria, de UGT Andalucía ha presentado esta mañana en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, la demanda por conflicto colectivo contra la Junta de Andalucía por los incumplimientos de los acuerdos del Plan Linares Futuro. Un acuerdo firmado por sindicatos, Administración y acreedores concursales que echaba el cierre a la emblemática factoría de Linares.

Tres años y medio después del cierre, un total de 87 trabajadores del grupo B (menos de 50 años) están a la espera de una recolocación o salida digna que les ayude a paliar  la situación de extrema precariedad en la que se encuentran, algunos de ellos, sin ningún tipo de prestación económica.

 

Antonio Montoro, Secretario Ejecutivo de MCA-UGT Andalucía, ha manifestado a la salida del TSJA, que "la vía de la demanda es la vía de la desesperación. No es nuestro trabajo demandar (…) Solo pedimos a la Junta sentarnos, negociar y buscar una salida laboral a este colectivo" y visto que"la Junta nos ningunea, optamos por la vía judicial".

Montoro ha querido dejar claro que el sindicato "en ningún momento buscamos como salida las prejubilaciones, sino lo que queremos es empleo. Que los terrenos se industrialicen, se inviertan en proyectos y vengan empresas para reactivar la comarca, pero para eso hay que sentarse y tener ganas". No obstante matizó que "queremos que sea un juez el que decida y que, conste, que no queremos ningún beneficio más que ningún parado de Andalucía; sino que cumpla con los extrabajadores con los que tenían un pacto firmado".

El colectivo del grupo B son los extrabajadores de la factoría, menores de 50 años en el momento de la firma del Plan Linares Futuro, que no pudieron acogerse al plan social y que, más de tres años después, están pendientes de una salida. Javier Perales, responsable provincial de MCA-UGT ha recordado "esas personas dejaron sus puestos de trabajo bajo el compromiso de ser contratos en nuevos proyectos. Esas recolocaciones no han llegado y posiblemente no lleguen" por es "intentamos que al menos esas personas que ahora están en la edad y cumplan los requisitos puedan prejubilarse y al resto, otro tipo de medidas.

El sindicato ha presentado de manera individual y basado en el artículo 29 de la Ley Orgánica por inactividad de la Administración "que dice que si la Administración tiene contraído algún contrato con algún colectivo, debe cumplirlo

El pasado junio, la federación se presentó ante la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo el requerimiento previo a la demanda que marca la ley. Transcurridos tres meses y sin respuesta alguna por parte de la Administración demandada, lo que se considera silencio administrativo, MCA-UGT ha procedido a adoptar la vía contencioso-administrativa para reclamar el cumplimiento íntegro del protocolo.