UGT EXIGE AL GOBIERNO UN FONDO ECONOMICO PARA AFECTADOS POR EL AMIANTO

UGT exige al Gobierno la creación de un Fondo Económico para las Víctimas del Amianto

La asociación de afectados andaluces recibe el apoyo de responsables sindicales de UGT en un encuentro previo a la celebración del primer juicio colectivo por esta causa, que se celebrará en Andalucía contra la desaparecida empresa Uralita.

07/06/2013 |

El uso del amianto está prohibido en España desde 2005.
El uso del amianto está prohibido en España desde 2005.

La Unión General de Trabajadores en Andalucía exige al Gobierno central la creación de un registro oficial con los afectados de enfermedades relacionadas con el amianto para, posteriormente, crear un Fondo Económico para las Víctimas, tal y como dicta una normativa europea. Esta es una de las peticiones que la Asociación de Víctimas del Amianto de Andalucía (AVIDA) les ha planteado en una reunión mantenida esta mañana con responsables sindicales del metal, previo a la celebración del juicio previsto para el próximo 10 y 11 de junio de 26 trabajadores contra la desaparecida Uralita.

El Secretario General de UGT-Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, ha informado en rueda de prensa que el uso del amianto en el proceso de fabricación está prohibido en España desde 2005, por lo que reclama al Gobierno que regularice la situación de los afectos y se les reconozca legal y socialmente  los efectos nocivos que sobre la salud les ha generado la exposición al amianto.

Una petición que ha apoyado el responsable de la construcción de UGT-Andalucía, Manuel Jiménez quien ha criticado que, aunque la normativa está en vigor desde hace unos años, en España aún no existe tal registro. Criticó que la Administración, amparándose en la Ley de Protección de Datos, no facilita los datos de personas afectadas por esta enfermedad por lo que es imposible poder crear ese registro necesario para, en última instancia, constituir ese fondo de compensación y establecer los baremos (actualmente se utilizan los establecidos para accidentes de tráficos) mediante valorar económica y legalmente sus enfermedades. A su juicio “no puede obviar un problema de tal envergadura” que afecta a un gran número de personas, no sólo de trabajadores que están o estuvieron expuestos a esta sustancia, sino a familiares y habitantes de barrios cercanos a las fábricas. En última instancia, Jiménez ha pedido responsabilidad al Estado  porque “cuando se produce un caso de este calado el responsable final es el Estado por no obligar a las empresas a  cumplir con las medidas de prevención  (tal y como ocurrió con el caso del aceite de Colza)”.

Manuel Jiménez ha explicado que el problema del amianto no está en la fabricación sino en el manipulado (qué hacer y dónde manipular un material con partículas de amianto) que es donde radica la importancia de esta cuestión. Tal y como pasa con otros materiales, debe existir un Plan Especial que contemple el tratamiento de estos materiales a través de un protocolo de actuación similar al de otras sustancias consideradas peligrosas (radioactivda….).  De la misma manera, en caso de jubilación anticipada, se le spodría aplicar unos coeficientes reductores mínimos por entrañar cierta peligrosidad como pasa en la minería o una parte de la agricultura, entre otros.

El presidente de la Asociación de Víctimas del Amianto de Andalucía (AVIDA), Antonio Delgado, agradeció el apoyo del sindicato a su causa y confió en el buen desarrollo el próximo lunes en el que será el primero juicio colectivo contra una empresa por esta causa. Delgado recordó las principales reivindicaciones del colectivo pasa por el reconocimiento de la actividad como enfermedad laboral, su regulación normativa y que no prescriba en el tiempo su problema porque, el 70% de los afectados desarrollan su enfermedad a medio-largo plazo porque la enfermedad es lenta, progresiva e irreversible..