Castilla: UGT va a pelear por el salario mínimo de 1.000 euros mensuales en 2020

Castilla: UGT va a pelear por el salario mínimo de 1.000 euros mensuales en 2020

La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha avanzado que el sindicato "va a pelear" para que en 2020 el salario mínimo interprofesional (SMI) suba de 900 a 1.000 euros al mes y también para que los empresarios cumplan con "la obligatoriedad" de que ningún salario en convenio sea inferior a 1.000 euros.

27/05/2019 |

La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, en una entrevista con Efe. EFE/Jose Manuel Vidal
La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, en una entrevista con Efe. EFE/Jose Manuel Vidal

En una entrevista con Efe, Castilla ha denunciado las "resistencias" de determinadas patronales en Andalucía, como Asaja Almería, a aplicar la subida del SMI a 900 euros este año, sobre todo en las pymes y en los sectores agrarios y de servicios.

Según la dirigente sindical, hay margen para subir por encima de mil euros el SMI en España hasta 1.123 euros, que equivale al 60 % del salario medio en el país, según lo establecido en la Carta Social de la Unión Europea.

Con el alza del 22 % del SMI en 2019, aprobada por el ejecutivo socialista, se ha demostrado que "no se ha colapsado la economía" sino que se ha incrementado el consumo y el empleo y, por tanto, es beneficioso no solo para los trabajadores sino también para la economía, ha asegurado.

En este sentido, se ha referido a la "obligatoriedad" de los empresarios españoles, según el acuerdo interconfederal alcanzado por la patronal CEOE y los sindicatos UGT y CCOO, para que ningún salario en convenio sea inferior a mil euros mensuales.

"Vamos a pelear para que se cumpla en Andalucía", ha garantizado la líder de UGT, quien ha apuntado que actualmente en torno al 60 % de la población asalariada andaluza ganan menos de 1.000 euros.

Igualmente, ha valorado la aprobación por parte del Gobierno de la obligatoriedad de las empresas de llevar un registro horario para frenar el "abuso" en la realización de horas extraordinarias y la ampliación a 52 años del subsidio porque "no es caridad ni una limosna".

En clave autonómica, Carmen Castilla ha señalado es pronto para hacer un balance de la gestión del Gobierno del PP y Ciudadanos porque lleva pocos meses, si bien ha asegurado que hay vías de diálogo aunque no en forma de concertación social.

Tras dejar claro que la UGT "no es un sindicato subvencionado. Vive de las cuotas de sus afiliados, ha defendido un nuevo modelo de diálogo social y ha reivindicado una ley de participación institucional, que contemple un canon de negociación colectiva para que cubrir los gastos por servicios sindicales a trabajadores no afiliados al sindicato.

Además, es una "garantía de transparencia y trazabilidad" sobre el destino de los fondos públicos, según Carmen Castilla, quien ha desvelado que el Gobierno andaluz "está interesado en sacar adelante" dicha ley.

No obstante, se ha mostrado cauta porque en la anterior legislatura hubo un borrador de proyecto de ley de participación institucional que no se llegó a tramitar y se ha preguntado por qué no fueron valientes para aprobarlo porque es algo con lo que cuentan la mayoría de las comunidades autónomas.

También ha solicitado al ejecutivo andaluz un plan de choque contra la siniestralidad laboral, que se ha cobrado en Andalucía hasta la fecha la vida de 43 trabajadores, y ha apostado por desbloquear inversiones porque Andalucía es una "tierra magnífica para invertir".

Ha admitido que hay que agilizar los procedimientos administrativos con "transparencia y seguridad jurídica" para que los inversores "no se desesperen y se vayan a otras regiones", al tiempo que ha abogado por conceder las ayudas a las empresas con transparencias y vinculadas a períodos largos de permanencia.

Asimismo, la secretaria general de UGT-A ha mostrado su preocupación por el anuncio de la Junta de que no contratará a interinos y se ha preguntado cómo van a cubrir las vacaciones de verano del personal sanitario.

Ha aprovechado para exigir a la Junta que cumpla el acuerdo cerrado por los sindicatos con el anterior gobierno socialista para restituir el salario variable al personal sanitario, ya que queda pendiente la recuperación de un cinco por ciento.