La Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía, oportuna y necesaria

La Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía, oportuna y necesaria

Tras muchas reuniones e intensos debates, el Pleno del Consejo Económico y Social de Andalucía ha aprobado por unanimidad el dictamen del Anteproyecto de Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía. UGT Andalucía considera que la norma es "una regulación oportuna y necesaria para un sector primario andaluz que siempre se ha caracterizado por una gran inestabilidad y para una actividad agraria que mantiene a más de 450.000 afiliados a la Seguridad Social y que ocupa de forma directa a más de 245.000 trabajadores, constituyendo en muchos municipios andaluces la principal, cuando no la única, actividad generadora de empleo".

13/03/2018 |

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Para la UGT de Andalucía,  el sector de la Agricultura y la Ganadería ocupa un lugar estratégico por su contribución a la capacidad productiva y al empleo y, no menos importante, por su relevancia en la cohesión territorial de nuestra región, favoreciendo la fijación de la población al territorio y contribuyendo a un desarrollo sostenible.

Por ello, desde nuestro Sindicato valoramos con carácter general esta norma,  una regulación oportuna y,  a nuestro juicio,  necesaria  para un sector primario andaluz que siempre se ha caracterizado por una gran inestabilidad, y para una actividad agraria  que mantiene a más de 450.000 afiliados a la Seguridad Social y que ocupa de forma directa a más de 245.000 trabajadores/as, constituyendo en muchos municipios andaluces la principal, cuando no la única actividad generadora de empleo.

La Ley 8/1984, de 13 de julio, de Reforma Agraria andaluza, sentó las bases sobre el significado histórico del problema de la tierra, a la luz de las necesidades que en ese momento se planteaban en la agricultura andaluza. Más de tres décadas después, se hace necesario un nuevo planteamiento más acorde con la problemática que viene arrastrando el campo andaluz en la actualidad.

Una norma que incide en otros sectores, no solo el agrario, ya que tiene por objeto establecer las bases de ordenación y fomento del sector agrario y agroindustrial andaluz,  y fijar las reglas de actuación de la Administración de la Junta de Andalucía al respecto, así como orientar las acciones de los agentes económicos y sociales presentes en los ámbitos agrícola, ganadero y agroindustrial.

No obstante, aunque compartimos su necesidad, creemos que se está perdiendo en esta Ley una oportunidad para equilibrar las relaciones en el mundo rural,  a nuestro parecer, dejando en un segundo plano la figura del “trabajador/a agrario por cuenta ajena”, en contraposición con el estatus que le otorga a la “persona agricultora o empresaria agricultora”. Sería necesario que la futura Ley de Agricultura de Andalucía apostara con decisión por dotar a los trabajadores/as del sector de una estabilidad en el empleo que mejore su calidad de vida, con una remuneración adecuada que incentive su incorporación a esta actividad, y con una formación que les permita superar los retos tecnológicos a los que se enfrenta un sector cada vez más especializado y que demanda altas cotas de calidad en su producción.

Por tal motivo,  desde nuestro sindicato hemos realizado las siguientes aportaciones,  que  se han tenido en cuenta y se han incorporado al Dictamen: http://www.juntadeandalucia.es/consejoeconomicoysocial/adjuntos/publicaciones/1_2317_DICTAMEN_2-2018.pdf

 

1. Exposición de Motivos: Se realiza un pobre diagnóstico de la realidad del campo andaluz. Del ejercicio comparativo con borradores anteriores se han detraído párrafos enteros que deberían recuperarse referentes a la calidad en el empleo..

Asimismo, en el apartado IV de la E.M. se echa en falta otro tipo de anclaje normativo, que se podría haber recogido en el encuadre europeo o nacional derivado de la indudable necesidad de hablar de la PAC en este sector, o a la hora de recoger los preceptos de nuestro Estatuto de Autonomía relacionados con el Anteproyecto de Ley, no se hace mención a un artículo tan importante como el artículo 10. 13º (Reforma Agraria).

2. Por otra parte, ya entrando a valorar el contenido del Anteproyecto de ley, consideramos que es una norma muy extensa y prolija, que deja a excesivo desarrollo reglamentario cuestiones de gran calado y, en cambio,  no encuentra espacio para otras materias que deberían recogerse a nuestro entender por guardar estrecha relación con este sector, como es el ámbito forestal y la silvicultura.

3. En el Capítulo III del Título IIFomento del Empleo y mejora de las condiciones laborales”, creemos que es necesario que todas las alusiones a las medidas o actuaciones encaminadas a la creación de empleo de calidad (art. 11.1), para reducir la temporalidad (art. 11.2), incentivos a la contratación (art. 11.5), etc, se tendrán que consensuar con los “agentes económicos y sociales más representativos en Andalucía”, y así recogerse en el texto del artículo 11.

En cuanto a lo recogido anteriormente con respecto al desequilibrio detectado en la norma en relación a los trabajadores/as por cuenta ajena, y en especial la ausencia a mención expresa a la representación legal de los trabajadores/as,  propusimos una nueva redacción al artículo 12 a este respecto:

 

ARTICULO 12

 

En relación a las personas trabajadoras por cuenta ajena de los sectores agrario y agroindustrial, desde este Consejo consideramos necesario clarificar cuáles son los interlocutores con quiénes la Administración tendrá que tratar en los diferentes ámbitos, siendo en este caso, al tratarse de acciones para la mejora de las condiciones en el ámbito laboral, dichas medidas tendrán que ser consensuadas con sus representantes, a través de las organizaciones sindicales más representativas de Andalucía.

También en relación con este artículo, y en orden a clarificar su contenido, vemos necesario separar las referencias a las personas trabadoras migrantes, y dedicarle un sólo apartado, quedando todo el artículo del siguiente tenor:

“1. La Administración de la Junta de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, promoverá el desarrollo e impulso de acciones que mejoren las condiciones laborales de las personas trabajadoras del sector agrario y agroindustrial, que tendrán que ser consensuadas con sus representantes, a través de las organizaciones sindicales más representativas de Andalucía, así como con las organizaciones empresariales más representativas y las organizaciones profesionales agrarias”.

2. Se garantizará su remuneración, condiciones y derechos laborales en el desempeño de la actividad agraria y agroindustrial, prestando particular atención a las condiciones en que las personas trabajadoras migrantes prestan sus servicios, adoptando las medidas precisas, e incluyendo, en su caso, el servicio de alojamiento digno  de las personas migrantes ligadas a campañas agrícolas.”

4. En lo relativo al Capítulo V sobre la “interlocución entre agricultura y sociedad”, compartimos la opinión expresada en el Dictamen en cuanto a la necesidad de una revisión general de la norma a la hora de delimitar con mayor nitidez los cauces por los cuales se articula la participación de los distintos agentes representativos en el ámbito agrario y agroalimentario, así como los distintos niveles de interlocución que deben necesariamente delimitarse y clarificarse en los distintos órganos de participación que la norma regula.

Nuestras  aportaciones han girado en este sentido:

 

El  nivel de interlocución de los agentes económicos y sociales no se corresponde con la ausencia de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el órgano de decisión y planificación de la política agroalimentaria. De hecho el Anteproyecto de Ley establece dos órganos,  el Consejo Asesor Agrario (artículo 19) y el Consejo Agroalimentario Andaluz (art. 20),  cuyas funciones a nuestro juicio están mal reguladas, puesto que al primero, integrado sólo por las organizaciones profesionales agrarias y las organizaciones de cooperativas, se le encomienda la “función principal de planificación y desarrollo de la política agraria”, mientras que el Consejo Agroalimentario, en el que sí se incluyen a los agentes económicos y sociales más representativos de Andalucía, se le relega unas funciones de menor calado y meramente de “colaboración”.

No es necesario reproducir aquí los artículos que sustentan el papel y el carácter de mayor representatividad de las organizaciones sindicales y empresariales, avaladas por la Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía, además de lo recogido en la LOLS y en el Estatuto de los Trabajadores.

Asimismo, en la “Agenda por el Empleo 2014-2020”, se recogía como primera línea de actuación en el sector agrario y el complejo agroindustrial, “La Ley de Agricultura de Andalucía”, una Agenda por el Empleo que establece la planificación estratégica para la competitividad en Andalucía, y que ha sido firmada por UGT-A, CCOO-A y la CEA, es decir, los agentes económicos y sociales más representativos en Andalucía.

Por tanto, consideramos que debe ser el Consejo Agroalimentario andaluz (órgano que engloba tanto a las políticas agrarias como las agroalimentarias), el que tenga como función principal “servir de órgano de interlocución para la planificación y desarrollo de la política agroalimentaria de Andalucía, en el que tienen que estar las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, junto con las organizaciones profesionales agrarias.

El Consejo Asesor Agrariodebe concebirse como un órgano de participación sectorial para la consulta y asesoramiento en materia exclusivamente agraria. Por tanto en él solo estarán representadas las organizaciones profesionales agrarias.

 

5. Formación (artículo 80 apartado 2):

Consideramos necesario que se haga referencia al marco normativo aplicable en materia de formación profesional para el empleo para elaborar de manera coordinada con la consejería competente, las necesidades formativas dentro de los espacios establecidos para ello.

Asimismo, y dado la importancia que tiene para las trabajadoras y trabajadores la formación a lo largo de la vida, consideramos necesario incluir expresamente la participación de sus representantes en los procesos de formación y cualificación.

Por ello, se debe incluir en este apartado, además de las organizaciones citadas, junto con el IFAPA, a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en Andalucía, ya que se enumeran “jornadas y actividades”, que no son sólo formación reglada.

 

  • CUESTIONES A DESTACAR COMO POSITIVAS EN LA NORMA:

 

  •  Actuaciones de la política agraria encaminadas a la incorporación de las personas jóvenes y mujeres, especialmente las mujeres en el medio rural (Capítulo II título II. Grupos de actuación preferente de las políticas agrarias).

 

  • Fomento del empleo y mejora de las condiciones laborales (Capítulo III del título II).

 

  • Priorizar a determinados colectivos en el acceso y tratamiento de las tierras de titularidad pública, fomento de la gestión en común en la agricultura, zonas de protección agraria, etc  (artículos 24 y siguientes).

 

  • La integración en el medio ambiente y los recursos naturales, fomentando modelos productivos como la producción ecológica (Título VI).

 

  • Actuaciones en materia de prevención y gestión de riesgos (Título VIII).