La propuesta de reforma de las prestaciones por desempleo del Gobierno es "inadmisible"

La propuesta de reforma de las prestaciones por desempleo del Gobierno es "inadmisible"

Ante la demanda social de mejorar su cuantía y su grado de cobertura, el Ejecutivo Central apuesta por minorarlas y seguir generando pobreza y exclusión social

08/05/2018 |

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Según lo comprometido con los interlocutores sociales y el conjunto de las Comunidades Autónomas, en la aprobación del Real Decreto Ley que prorrogó el PREPARA en septiembre del pasado año, el Gobierno disponía de seis meses para elaborar una reforma del sistema de protección por desempleo que pusiera fin a la elevadísima gravedad social de los desempleados que agotan sus prestaciones por desempleo.

Los seis meses se agotaron en marzo y el final de abril ha supuesto también la finalización del Programa de Activación para el Empleo (PAE) y del PREPARA sin que contemos con más que un primera propuesta de reforma que lejos de lo que exigíamos, va encaminada en dirección contraria, es decir, destinada a recortar los derechos de protección de los desempleados respecto a la situación actual. Por supuesto, propuestas como estas, del todo inadmisibles, no hacen más que dejar entrever la verdadera cara de un Gobierno que antepone indicadores macroeconómicos como el cumplimiento de los objetivos de déficit al justo bienestar de sus ciudadanos.

Pero es que incluso ni tan siquiera desde un punto de vista estrictamente economicista este planteamiento encuentra justificación alguna. Las cotizaciones del Sistema de Protección por Desempleo mantienen un superávit de más de 3.000 millones de euros, según se establece en los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Por tanto, ¿de dónde viene la imperiosa necesidad de recortar derechos a las personas que más lo necesitan? ¿A quién pretende contentar el Ejecutivo con esta nueva profundización en la política de recortes sociales iniciada en 2012?

Una vez más, la opacidad con la que opera el Gobierno vuelve a provocar que no haya una respuesta clara a estas preguntas, ni a cualquiera de las que nos puedan surgir tras analizar la propuesta de “Renta complementaria de desempleo de la Seguridad Social (RED)”.

De modo esquemático, creemos importante dar a conocer cómo afectaría la propuesta gubernamental a algunas de las familias trabajadoras andaluzas, solo a modo de ejemplo:

  • Los desempleados con cargas familiares pueden llegar a perder hasta 3 meses de prestaciones máximas.
  • Los parados de más de 45 años sin responsabilidades familiares ven reducida su prestación máxima 9 meses.
  • Los menores de 45 años, sin responsabilidades familiares se podrán ver beneficiados de una nueva prestación asistencial de 5 meses, claro que para ello habrán tenido que agotar una prestación contributiva de un año. Por lo tanto, sino cumples este requisito, sigues sin tener derecho a prestación asistencial alguna.
  • Indignante sí, pero todavía no hemos llegado a los casos más aberrantes ya que, los parados mayores de 45 años con responsabilidades familiares pierden 42 meses de protección, dejando los 66 actuales en un máximo de 24 meses.
  • Y los mayores de 45 años sin responsabilidades familiares, parados de larga duración, solo tendrían derecho a 8 meses de subsidio. Es decir, perderían la protección de la RAI (33 meses en tres bloques de once meses).

 

Además, los umbrales generales de renta familiar compatibles con la percepción de la protección asistencial por desempleo son tan excesivamente reducidos que van a provocar la expulsión del sistema de una gran parte de los desempleados andaluces cuya situación de necesidad es más que manifiesta.

Si la situación es alarmante para el conjunto del Estado, más aún si cabe lo va a resultar para una región como Andalucía, donde la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo (65%) se ha visto reducida 20 puntos en apenas 8 años, donde los parados de larga duración son casi 505.000 (367.000 de ellos de muy larga duración) y representan el 52% de los parados andaluces, donde los hogares en los que todos sus activos se encuentran en situación de desempleo son casi 317.000 y donde la tasa de pobreza y exclusión social supera el 42%.

El actual Sistema de Prestaciones por Desempleo está diseñado para otro mercado laboral, uno caracterizado por el empleo indefinido y en el que la contratación temporal era algo residual. Un mercado laboral en el que te incorporabas a una empresa y prácticamente te podías jubilar en ella. Desgraciadamente, ese mercado laboral ya no existe, de ahí la necesidad de reformar las prestaciones. Por ello, apostamos por un nuevo Sistema nacido de un verdadero proceso de negociación y diálogo social, que mejore la cuantía de las actuales prestaciones y que adopte cuantas medidas sean necesarias para impedir que nuestros parados en situación de necesidad se queden sin protección.