UGT se concentra este viernes en todas las capitales de provincia por el Día Internacional de las Personas Mayores

UGT se concentra este viernes en todas las capitales de provincia por el Día Internacional de las Personas Mayores

El día 1 de octubre de 2022 se conmemora el 32 aniversario del Día Internacional de las Personas Mayores, designado por la Asamblea General de la ONU, en su resolución 45/106. Para CCOO y UGT no es un día de celebración, es fundamentalmente un día de reivindicaciones y propuestas que den solución a los retos con los que nos enfrentamos el colectivo de personas mayores.

30/09/2022 |

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La pandemia, en constante evolución y lejos de ver el final de la misma, nos ha de hacer reflexionar sobre la importancia que otorga la sociedad a la salud, a los cuidados, pero también nos exige alzar nuestra mirada hacia la carestía de la vivienda, los desahucios, las relaciones sociales, y sobre todo, la precariedad laboral y salarial, y la suficiencia económica de los mayores, ya que son un elemento central para asegurar la calidad de vida de toda la población. Las personas mayores, consideradas como grupo de riesgo ante el virus, han sufrido y siguen sufriendo las consecuencias de la pandemia en todos estos ámbitos, derivada del mayor impacto del virus en su salud, pero también de la falta de recursos que las Administraciones Públicas de todos los niveles, destinan a las políticas públicas de salud, lucha contra la pobreza y las desigualdades sociales, vivienda y dependencia.

Pero no podemos olvidar que la crisis sanitaria ha puesto el foco sobre las residencias, entornos de vivienda, convivencia en común, en los que se han infectado y fallecido un número muy elevado de personas mayores residentes, en un elevado número de casos sin recibir asistencia médica. La calidad de la atención de las personas mayores residentes y las condiciones laborales de las personas trabajadoras en ellas, han hecho saltar las alarmas sobre la necesidad de aumentar el control de las residencias para asegurar una mejor gestión, especialmente en momentos críticos. No debe olvidarse que el 70% de las plazas residenciales en España son privadas. Es necesario analizar la gravedad de lo ocurrido con la COVID-19, y movilizar a todas las Administraciones Públicas para cambiar el actual modelo de residencias, en las que no se busque solo el beneficio económico, sino fundamentalmente el bienestar de las personas usuarias.

España, al igual que otros países de su entorno, ha de enfrentar el desafío de asegurar la calidad de vida de las personas mayores, que año tras año son más numerosas. El proceso de envejecimiento poblacional al que se suma España con cierto retraso con respecto a otros países europeos, atraviesa los debates sobre los nuevos retos que los Estados del Bienestar deben afrontar. Los cambios demográficos que comienzan en las últimas décadas del siglo XX están transformando la composición social: La caída de la natalidad, el aumento de la edad de formación de las familias y la prolongación de la esperanza de vida, está dando lugar a poblaciones cada vez más envejecidas.

No debemos olvidar el envejecimiento de la población en las zonas rurales, que hacen de la atención y los cuidados un elemento crucial para asegurar la calidad de vida de las personas mayores residentes en esos núcleos poblacionales, y muy especialmente de las mujeres, ya que son ampliamente mayoritarias. También hay que atender a las personas más jóvenes que las cuidan.

Reclamamos en este día la visibilidad y la importancia que requiere el hecho de reconocer las importantes aportaciones que las personas mayores realizamos para el avance de nuestra sociedad, así como para crear conciencia intergeneracional sobre las diferentes oportunidades y los desafíos del envejecimiento activo en nuestro tiempo.

Los países en desarrollo albergarán más de dos tercios de la población de edad avanzada del mundo. En el año 2050 alcanzaremos la cifra de 1.100 millones de personas mayores. Hoy en España, de los algo más de 47,3 millones de habitantes, casi el 20% son personas mayores de 65 años.

La pandemia de la COVID-19 ha servido para visualizar la importancia que tienen los servicios públicos para garantizar el bienestar de todas las personas, pero no podemos obviar los evidentes retos que aún presenta y sobre todo para el colectivo de personas mayores, por ello urge resolver las numerosas lagunas y carencias que tiene nuestro deteriorado sistema de protección social.

Es necesaria más atención a las personas en su domicilio, hay que identificar a las personas con mayores necesidades de atención y priorizar las consideradas imprescindibles en cada caso para así poder reorganizar los recursos. Se emplaza a que sean los y las trabajadores sociales pertenecientes a las respectivas consejerías de servicios sociales, quienes en el marco de una adecuada coordinación sociosanitaria, bajo la dirección de los servicios públicos de salud, valoren las situaciones personales y sociales de las personas usuarias, y no las empresas privadas que actualmente prestan estos servicios.

Para ello los sistemas públicos de salud, dependencia y servicios sociales, son elementos esenciales para lograr envejecer en condiciones saludables y con autonomía. Además, son instrumentos para luchar contra la desigualdad en todas las etapas de la vida, abordando las diferencias territoriales existentes así como la cobertura de servicios y recursos destinados para las personas mayores.

Hay que seguir garantizando el Sistema Público de Pensiones, para ello el último acuerdo es muy importante pues se garantiza la revalorización de las pensiones, con la media de la subida del IPC de diciembre a noviembre; se elimina el factor de sostenibilidad, por el cual las futuras pensiones perdían poder adquisitivo; el Estado asume las políticas de interés general, los denominados gastos impropios (empleo, igualdad, apoyo sectorial, etc.,) que anteriormente se venían financiando con las cotizaciones de la Seguridad Social, y se compromete a garantizar el Sistema Público de Pensiones, al incluirse en la Ley General de la Seguridad Social una cláusula mediante la cual se realizará anualmente una transferencia a través de los PGE en torno a un 2% del PIB, 22.000 millones de euros, lo que representa una gran mejora en los ingresos del sistema y por lo tanto de la sostenibilidad de las pensiones.

Ahora bien hay dos elementos aprobados en la nueva reforma que consideramos son de suma importancia para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones: la auditoría sobre los gastos de la Seguridad Social en forma y fondo a como ha sido aprobada por la mayoría parlamentaria y el desarrollo de un plan de lucha contra la pobreza y la desigualdad social de los pensionistas. Estas dos cuestiones capitales para nuestro colectivo llevan un retraso importante y por tanto un incumplimiento implícito de lo acordado y legislado.

Aún está pendiente el aumentar los ingresos del sistema con el destope de las bases máximas de cotización, que ha de ser abordado de inmediato en la nueva etapa de negociación de la reforma del sistema de pensiones.

No podemos olvidar que la desigualdad salarial entre hombres y mujeres se refleja claramente en la brecha que existe en las pensiones. Tanto el tipo de pensión como su cuantía, colocan a las mujeres en una posición desfavorable con respecto a los hombres.

Por todo ello en el día 1 de octubre, las Federaciones de Pensionistas y Jubilados de UGT y de CCOO reclamamos al Gobierno y al conjunto de las Administraciones y Poderes Públicos, lo siguiente:

1.-El desarrollo e implantación de políticas públicas en materia de promoción de la salud son imprescindibles para garantizar el envejecimiento activo, la falta de éstas, afectan de forma directa al deterioro de la salud y las capacidades autónomas de las personas mayores. Se hace cada día más imprescindible situar el gasto sanitario público en al menos, el 7,2% del PIB, algo que venimos reivindicando durante años y que con la pandemia se demostró muy necesario. Ese incremento en la financiación debe aparejar el incremento del gasto en Atención Primaria hasta el 25% del total, para conseguir acercar a la población los servicios sanitarios, y dar más capacidad resolutiva a la Atención Primaria.

2.-Se necesita impulsar la atención domiciliaria a las personas dependientes, así como reforzar los centros de atención diurnos y nocturnos. También hay que reconocer el enorme esfuerzo y entrega que han demostrado durante la pandemia los/las trabajadores/as de las residencias, que han trabajado en condiciones muy precarias y para quienes se sigue teniendo la deuda de asegurar unas condiciones de trabajo justas y dignas. Para articular el modelo residencial que necesitamos, es necesario tener protocolos de cómo se debe cuidar a las personas usuarias de las residencias. Es necesaria la vigilancia por las Administraciones Públicas competentes para asegurar que se cumplen las condiciones acordes con la licencia de funcionamiento de las residencias. Hay que minimizar el riesgo de que pueda haber conductas no adecuadas o un sistema basado más en el negocio que en la atención y bienestar de las personas residentes.

3.-Reclamamos que en la agenda política de nuestro país se recupere la necesidad de impulsar una Ley Integral de los Derechos de las Personas Mayores. Esta ley debe garantizar la protección específica de las personas mayores, que contemple los ámbitos de la salud, la vivienda, la protección social y económica, la protección jurídica, la cultural o el ocio. Así como también la no discriminación por razón de edad o sexo y garantizar la visibilidad y la participación activa de las personas mayores en todos los ámbitos de la sociedad. En definitiva una ley que proteja e impulse la idea del envejecimiento activo como un logro obtenido por los avances científico-técnicos del conocimiento humano y, a la vez, como un reto para conseguir que durante el tiempo en que se prolongue la pervivencia se garantice la mejor calidad de vida.

4.-El Acuerdo de diálogo social para la puesta en marcha del Plan de Choque del Sistema de Dependencia 2021-2023, suscrito en enero de 2021 por CCOO, UGT, CEOE, CEPYME y el Ministerio de Derechos Sociales, incluía un compromiso de aumento de la financiación estatal condicionándolo a la mejora de determinados indicadores de calidad del SAAD. Entre ellos, se encuentran la calidad del empleo de los y las profesionales que prestan los servicios junto a otros, tales como reducir la lista de espera, el reconocimiento prioritario de servicios profesionales frente a prestaciones económicas, etc.

Pese a que el Gobierno está cumpliendo con el compromiso de aumentar la financiación estatal en 3.600 millones de euros hasta 2023, el Ministerio de Derechos Sociales no ha vinculado la condicionalidad de esta mejora de financiación al aumento de la calidad del empleo y el Acuerdo de acreditación de centros y servicios renuncia a adoptar medidas contundentes de mejora de las condiciones laborales hasta que finalice el año 2023; y aún entonces, condiciona las escasas medidas a un nuevo y adicional incremento de financiación.

5.-Como estamos en una crisis energética y alimentaria, con fuertes subidas de los precios en estos bienes esenciales, que hace que miles de trabajadores/as, de pensionistas y jubilados, tengan problemas para llegar a final de mes, por ello, solicitamos que se baje el precio de los servicios esenciales, se controlen los precios, como así lo permite nuestra Constitución en fases de crisis, y se regulen los beneficios empresariales.

6.-Garantizar pensiones dignas y suficientes, tanto para nosotros como para las siguientes generaciones de futuros pensionistas. El proceso de diálogo social se ha demostrado como el método más eficaz para garantizar pensiones dignas, suficientes y sostenibles. Dicho proceso ha permitido recuperar la revalorización de las pensiones ligadas al IPC. Debemos exigir el incremento por encima del umbral de pobreza de todas las pensiones contributivas y no contributivas, garantizando así el poder adquisitivo de todos los pensionistas; pero ahora con el IPC disparado nos encontramos con algunos llamados expertos y con el Gobernador del Banco de España que están presionando para que los pensionistas y jubilados no recuperemos todo el IPC.

7.-Los partidos políticos tienen que tener en cuenta que el colectivo de personas mayores es muy vulnerable a políticas de recortes en cualquier materia (sanidad, vivienda, pensiones). Máxime cuando en demasiadas ocasiones, son las personas mayores las que se ven obligadas a asumir el papel de sustentadoras principales de sus hijos y sus nietos; no es anecdótico que las pensiones suponen la principal fuente de ingresos de más del 25% de los hogares.

8.-Hay que revisar los criterios de acceso al Bono Social Térmico para que éste cubra a más colectivos en situación de pobreza energética, simplificando la carga burocrática y facilitar las gestiones para poder acogerse al Bono Social Térmico.

Hay que reformar el sistema de formación de precios del mercado de la electricidad para limitar los beneficios extraordinarios de las compañías eléctricas vinculando los precios directamente con los costes específicos de producción de cada una de las fuentes de generación de la electricidad, así como un mayor control público de algunas de las actividades del sistema eléctrico. Una gran parte de los países de la UE tienen empresas generadoras de electricidad cuyo capital es público en parte o total. En España existe la paradoja de que una de las grandes empresas generadoras de electricidad, ENDESA, es propiedad en un 70% de Enel, empresa pública italiana.

9.-Las personas mayores preferimos envejecer en nuestras casas, pero uno de los principales problemas es la accesibilidad a nuestros propios hogares, pues en España hay alrededor de 5 millones los edificios que no cuentan con ascensor, además de otras barreras arquitectónicas, por lo cual unos 1,8 millones de personas no tienen la posibilidad de salir de sus casas.

10.-Queremos resaltar que si alguien sufre los efectos de la falta de servicios, el empobrecimiento y el abandono institucional en la España vaciada, son los que mayoritariamente la habitan, las personas mayores. Es urgente la realización de políticas que les saquen del olvido, para ello es necesario un debate nacional sobre la España que queremos y cómo la queremos estructurar.

11.-Se necesita asegurar una estructura fiscal capaz de redistribuir la riqueza que genera nuestra nación, una fiscalidad progresiva en la que aporte más quién más tiene, justa y eficiente que permita asumir la inversión social necesaria que nos acerque a la media de los países europeos de nuestro entorno, para asegurar vidas dignas y una mayor cohesión social.

12.-La transformación digital debe realizarse de forma inclusiva, sin dejar a nadie fuera de la misma por insuficiencia económica o falta de capacitación para utilizar todos los beneficios generados por la misma. Hoy la transformación digital impide una plena adecuación al mundo digital al colectivo de personas mayores y esta es más relevante cuando se trata de personas mayores que viven en la España rural, es necesario el desarrollo de un plan nacional que contenga la adecuación del mismo a tres elementos fundamentales: el respeto al ecosistema, no generar más huella de carbono, la transformación digital como elemento que permita la mejora de las funciones a desarrollar por el trabajador, no su sustitución, y la necesaria capacitación y ayudas económicas que permitan que todos los colectivos podamos participar de los beneficios de la misma.

13.- Consideramos necesario la intervención del Gobierno para terminar con la usura impuesta por la banca a nuestro colectivo, es necesario adecuar el servicio y los costes del mismo a las necesidades reales de nuestro colectivo. No puede ser que quienes menos rentas tienen deban abonar más comisiones bancarias, no podemos permitir que nos impongan comisiones y gastos por carecer de medios tecnológicos o la capacitación necesaria para operar mediante la banca on line, para acceder a nuestros ahorros, a nuestra suficiencia económica.

Ante los problemas que tenemos nuestro colectivo y si no se tienen en cuenta nuestras propuestas, en el desarrollo de políticas públicas y con una mayor dotación de recursos para la mejora del sistema de salud y dependencia, la financiación de las pensiones y el replanteamiento del sistema productivo y fiscal, los pensionistas y jubilados, de CCOO y de UGT, conjuntamente con la sociedad organizada, nos seguiremos movilizando para conseguirlo.