UGT Andalucía

Como cada 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, los sindicatos UGT y CCOO de Córdoba han salido a la calle para recordar a las personas trabajadoras que fallecieron o perdieron la salud mientras se ganaban el sustento durante el pasado año, al mismo tiempo que para exigir una mayor cultura preventiva y el cumplimiento estricto de las medidas encaminadas a evitar riesgos y enfermedades laborales.

Las cifras hablan por sí solas, ya que el pasado 2021 se contabilizaron 15 accidentes mortales en el ámbito laboral en la provincia de Córdoba y en este año ya se han sumado 6. En este momento en que la actividad parece que vuelve a relanzarse, los sindicatos han defendido que es esencial un impulso decidido a las políticas públicas activas en materia de prevención de riesgos laborales, así como de un aumento de la actividad inspectora.
 En una concentración llevada a cabo en la Plaza de Las Tendillas, el secretario de Salud Laboral de UGT Córdoba, Jaime Sarmiento, ha solicitado una “actualización de la ley de PRL, porque se han creado en estos últimos años circunstancias nuevas en los accidentes laborales y de mayor precarización. Por ejemplo, tenemos un tercio de accidentes que se producen por ictus o infartos, no sólo en trabajos considerados tradicionalmente como precarios, sino en otros como la banca o la prensa, sometidos a una enorme presión”. Por ello, “desde Córdoba llevamos tiempo demandando que se incluyan las evaluaciones psicosociales en los reconocimientos médicos para intentar detectar de forma preventiva estos problemas”.

Además, Sarmiento espera que “el adelanto electoral no frene las campañas pendientes en materia de PRL, como la del estrés térmico o la de la instalación de desfibriladores, denominada ´Unidos en Prevención’, que estaba a punto de relanzarse”.

Siguiendo en esta línea, para CCOO y UGT son necesarios cambios legislativos para interiorizar la prevención en el seno de las empresas, con el fin de gestionar la prevención de manera eficaz, mejorar la calidad de las actividades preventivas, incorporar la perspectiva de género en la prevención y abordar los riesgos derivados de las nuevas formas de organización del trabajo (digitalización, inteligencia artificial, teletrabajo, trabajo en plataformas).
Asimismo, se precisa ampliar los recursos humanos y materiales de la Inspección de Trabajo y que la Fiscalía aborde con más intensidad su acción en los delitos de riesgo y de daño a la salud de las personas trabajadoras. Tampoco puede faltar la creación del delegado o delegada de prevención territorial y/o sectorial para todas aquellas empresas en las que no disponen de representación sindical. Finalmente, las organizaciones sindicales han pedido que se inicie ya la III Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo.