UGT Andalucía

Representantes de la Comisión Ejecutiva de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de Córdoba (UGT Córdoba) han mantenido un encuentro con el Delegado en Córdoba de la Junta de Andalucía, Antonio Repullo, en el que han abordado distintos temas que afectan a la provincia en materia laboral, social y económica. Asimismo, en esta reunión se han planteado los retos a corto y medio plazo a los que se enfrenta Córdoba tras la mejora en la evolución de la pandemia y el impulso de la Base Logística Militar.
Entre otros puntos, el secretario general de UGT Córdoba, Vicente Palomares, y el Delegado del Gobierno Andaluz coincidieron en la preocupación por el déficit energético que presentan algunas zonas de la provincia, especialmente en la parte Norte, que dificulta la industrialización de una comarca muy afectada por el fenómeno de la población rural y el desempleo. De este modo, el representante del ejecutivo andaluz y los miembros de UGT defendieron la necesidad de centrar todos los esfuerzos en solucionar este aspecto para dinamizar el norte de la provincia.
En otro orden de cosas, los asistentes al encuentro institucional debatieron sobre la oportunidad económica y laboral que supone el aterrizaje de la Base Logística Militar, que va a atraer a muchas empresas. Así, Palomares insistió en la importancia "de la formación profesional y de los certificados profesionales", al mismo tiempo que transmitió a Repullo la petición del sindicato para promover las políticas activas de empleo que tan buenos resultados de inserción laboral han tenido.
Asimismo, la comisión ejecutiva de UGT reafirmó su compromiso con el empleo público, al que "debemos proteger y fortalecer, ya que en la pandemia se ha demostrado que los servicios públicos estaban muy mermados", expuso Palomares.
La situación laboral de los jóvenes, el destino de los fondos europeos para la reconstrucción y la elevada tasa de siniestralidad laboral fueron otros de los asuntos que se pusieron sobre la mesa y que requerirán de una colaboración conjunta entre la Administración regional y los agentes sociales y económicos.