La OCDE también lo dice: la precariedad y los bajos salarios hacen peligrar las pensiones decentes

La OCDE también lo dice: la precariedad y los bajos salarios hacen peligrar las pensiones decentes

La OCDE también lo dice: la precariedad y los bajos salarios hacen peligrar las pensiones decentes La OCDE da la razón a UGT cuando afirma que en España peligran las pensiones decentes, una afirmación que constata el fracaso de la política económica del Gobierno, que ha establecido un modelo laboral basado en la precariedad del empleo y los bajos salarios, que ha mermado los ingresos de la Seguridad Social. El sindicato recuerda al Gobierno que la mejora de las pensiones de viudedad no es una concesión, sino una obligación, establecida en la reforma de pensiones de 2011, que UGT viene reclamando reiteradamente. Asimismo, exige al Ejecutivo que rectifique y no vuelva a castigar a los pensionistas con una nueva pérdida de poder adquisitivo en 2018 (pues las pensiones solo subirían un 0,25%) y que derogue la reforma unilateral impuesta en 2013, para desbloquear así el Pacto de Toledo y el diálogo social en esta materia.

23/10/2017 |

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La propia OCDEadvirtió ayer que en España peligran las pensiones decentes. Y lo achaca entre otros motivos a la precariedad de los empleos y a los bajos salarios, que han mermado los ingresos de la Seguridad Social. Una advertencia que lleva haciendo UGT desde hace tiempo.

El sindicato considera que el envejecimiento de la población no es el problema, pues esta cuestión no es nueva y siempre se ha tenido en cuenta en todos los acuerdos consensuados en materia de pensiones (el último el de 2011, entre el Gobierno Zapatero y los interlocutores sociales).  El problema no es de gastos, sino de ingresos. España gasta  menos que Francia, Italia o Alemania, en torno a 3 ó 4 puntos del PIB, pero faltan ingresos y esto se ha producido por una caída de las de las cotizaciones sociales que aportan los trabajadores. La tasa de desempleo en nuestro país todavía se sitúa en el 17,22% (según los últimos datos de la EPA)  pero es que además el empleo que se crea es cada vez más temporal y precario y continúa la devaluación salarial, a causa de la reforma laboral de 2012 impuesta por Gobierno del PP, lo que ha supuesto una rebaja en las arcas de la Seguridad Social.

Por tanto, UGT considera que es prioritario cambiar el actual el modelo laboral para que el empleo estable y con derechos sea la norma. Esto permitirá sanear nuestro sistema de Seguridad Social.

La OCDE silencia, sin embargo, una de las causas principales que van a empobrecer a los pensionistas presentes y futuros: la reforma de pensiones de 2013.

Derogar la reforma de 2013 y  recuperar el consenso

Actualmente la mitad de los pensionistas vive en el umbral de la pobreza o por debajo, es decir cobran menos de 700 euros al mes. Una situación que se va a agravar si se mantienen los recortes en los derechos de nuestros mayores.  Por eso, UGT exige que las pensiones se vuelvan a revalorizar conforme al coste de la vida;  demanda al Gobierno que rectifique y no se enroque en ir contra la mayoría social  y derogue la reforma que aprobó en 2013, que castiga a los pensionistas a una pérdida permanente y acumulativa de su poder adquisitivo.

El propio Ejecutivo ya ha reconocido en la última versión de la Actualización de Programa de Estabilidad 2017-2012, que presentó en Bruselas, las consecuencias de esta reforma. Estima que a partir de 2019 se producirá una reducción de la cuantía de las nuevas pensiones de jubilación del 4% cada 10 años y de manera acumulativa (es decir, una pensión de jubilación de 1.000 euros mensuales no pasará de 960 euros en solo 10 años y así sucesivamente), y que en una década se retrasará en casi 9 meses la edad de jubilación efectiva en España, siendo ya una de las más altas de la UE (con 64,1 años).

A esto hay que sumar la pérdida de poder adquisitivo que sufrirán los pensionistas a tenor del Índice de Revalorización Anual de las Pensiones ideado por el Gobierno para evitar que las pensiones se revaloricen conforme al IPC (el  incremento de pensiones del 0,25% anual o como mucho del 0,5% quedará muy por debajo del coste de la vida), lo que producirá un grave y creciente  empobrecimiento de los pensionistas a lo largo de su vida (conviene recordar que la pensión media se sitúa en 918 euros mensuales).

Todo esto hará que el gasto en pensiones apenas varíe en las próximas décadas, a pesar de que se prevé que el número de pensionistas aumente en más de 6 millones. En 2013 el gasto en pensiones fue del 11,8% del PIB; en 2050 será ligeramente superior (12,3%) y a partir de entonces, y hasta 2060, volverá a descender al 11% del PIB, según las propias estimaciones del Gobierno.

De mantenerse esta reforma nuestro actual sistema público de pensiones se convertirá en un modelo de pensiones de indigencia, sin ningún encaje constitucional.

En 2018 los pensionistas volverán a perder poder adquisitivo

Si el Gobierno mantiene su propósito de subir las pensiones en 2018 el 0,25%, volverá a castigar a los pensionistas con una nueva pérdida de poder adquisitivo. Este nuevo recorte se suma al continuo deterioro que sufrirán las pensiones, debido a la reforma unilateral aprobada por el Gobierno en 2013, y que ha roto todos los consensos políticos y sociales.

UGT reclama que las pensiones se vuelvan a revalorizar conforme al IPC y que el Gobierno derogue la reforma de 2013, desbloqueando así el Pacto de Toledo y el diálogo social.

La subida de las pensiones de viudedad una obligación

Respecto al anuncio del Gobierno de que mejorará las pensiones de viudedad, UGT quiere aclarar que esto no es ninguna concesión del Ejecutivo, sino una obligación, que se recoge en la reforma de pensiones de 2011 (disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011 de 1 de agosto) y que tendría que haberse desarrollado a partir del 1 de enero de 2012, tal y como ha venido reclamando el sindicato reiteradamente.  La norma establece que el porcentaje utilizado para calcular la base reguladora de las prestaciones de viudedad para mayores de  65 años y que no perciban otra pensión pública, pase del 52% al 60%.