UGT Andalucía

El sector de Servicios Públicos de UGT Córdoba ha realizado hoy una rueda de prensa para analizar el curso escolar 2020/2021, donde valora negativamente la gestión realizada por parte de la Administración Pública. El Secretario de Enseñanza de UGT Servicios Públicos Córdoba, Juan Carlos Varo, destacó que el curso escolar ha estado marcado por las improvisaciones de la Administración, y que “se han salvado los muebles gracias al cuerpo de docentes que, a pesar del maltrato que sufren en sus condiciones laborales, cumplen con rigor sus funciones como servidores públicos”.

Desde el sindicato señalan que en el presente curso se ha implementado la LOMLOE, “una ley que se aprueba sin consenso general” y que se está aplicando desde enero de 2021, lo que ha provocado que “el acceso del alumnado al sistema educativo sea a través de una ley, y la evaluación por la ley anterior”, de manera que se ha generado un caos administrativo muy importante en los centros educativos. Además, recientemente se ha aprobado el anteproyecto de Ley de FP por “la puerta de atrás”, sin negociación con las OOSS, y que afecta a este tipo de enseñanza a niveles muy profundos, algo que tal y como destaca Varo “seguramente necesitará que se regule mejor a través de disposiciones adicionales a la Ley”.

Además, este curso que ahora termina también ha sufrido el intento de aplicación de una reforma universitaria sin acabar. Una reforma que UGT Servicios Públicos considera "lesiva" porque castiga a los estudiantes con menos recursos y favorece el mercado de títulos de posgrado en las universidades privadas. A este respecto, UGT Servicios Públicos ve “escandalosas” las declaraciones del ministro de Universidades, Manuel Castells, quién afirma que “los rectores deben ser elegidos por entidades privadas y que los estudiantes deben pagar mucho más por la matrícula de cada curso”. Igualmente propone que las universidades y los profesores compitan entre sí y que la financiación y los salarios dependan de ello. De esta forma se desmantela la Universidad pública en fomento de un modelo americano, que no garantiza la igualdad de oportunidades.

Asimismo, el responsable de enseñanza de UGT Córdoba señala que éste ha sido un “curso COVID” con numerosas problemáticas, “que empezó con frío polar y que terminará con calor extremo”. Un frío que se ha sufrido en las aulas amparándose en que “hay que ventilar por COVID”, y un calor sufrido por “no dotarlas de elementos refrigerantes”, y cuando lo hace, no se ha adecuado el sistema eléctrico, lo que ha imposibilitado su uso. Por ello, desde el sindicato denuncian que esta situación incumple la normativa, ya que la ley dictamina que los lugares de trabajo deben estar entre 17 y 27 grados centígrados, y en este caso, las condiciones de aprendizaje del alumnado.

Igualmente, en el presente curso se ha sufrido una dotación de material EPI de mala calidad, “donde si el profesorado quería usar las mascarillas FFP2 recomendadas por Sanidad, debía pagarlas de su bolsillo”. Por otro lado, el curso escolar 2020/2021 se recordará también como aquel en el que se denegaron las solicitudes de vulnerabilidad para casi todos los docentes, algunos de ellos con enfermedades muy graves, a los que se les negaba poder teletrabajar, exponiéndolos a contagios de manera innecesaria. Además, la Consejería de Educación firmó un acuerdo para la contratación de 1.500 profesores de refuerzo COVID.

Un acuerdo que fue firmado por todas las OOSS a excepción de UGT, que lo consideró escaso y que suponía “dar un espaldarazo a la mala gestión de la pandemia por parte de la Administración”. Desde UGT Servicios Públicos se estimó y solicitó que la contratación debía ser de unos 6.500 docentes, ya que se había previsto la necesidad antes del verano, aunque sin embargo los escasos docentes contratados se incorporaron una vez ya había comenzado el curso.

Por otra parte, desde UGT Servicios Públicos se denunció también que el protocolo de vacunación estaba resultando caótico, ya que se llamó a muchos docentes en su provincia de origen sin tener en cuenta que estaban trabajando fuera en Comisión de Servicios, lo que provocó desplazamientos innecesarios por una mala coordinación con Sanidad. Además, desde UGT Servicios Públicos se exigieron respuestas inmediatas y claras ante la inquietud de muchas personas que fueron vacunadas con una dosis de AstraZeneca. Una inquietud provocada por un movimiento cambiante de la Administración, que no daba instrucciones claras.

Continuando con el análisis de la mala gestión realizada por la Administración en lo referente a la pandemia, Juan Carlos Varo manifestó que desde UGT Servicios Públicos quieren señalar que los centros educativos han sufrido una normativa improvisada sobre confinamientos “que generó confusión cada vez que aparecía un contagio en un aula”. Por ello, desde el sindicato exigen a la Administración tener previstos unos protocolos de actuación que sean claros ante estas situaciones. Igualmente, en este curso escolar también se reguló el teletrabajo, que supuso una sobrecarga de trabajo que en muchos casos “supuso doblar la jornada laboral del docente”. Asimismo, los ordenadores que se prometieron en septiembre de 20202 para mitigar o eliminar la brecha digital, si llegaron, lo hicieron en el segundo trimestre en la mayoría de los centros, cuando ya era difícil la recuperación del alumnado sin recursos.

Adicionalmente, desde UGT se ha exigido una bajada de ratio en las aulas como solución esencial a los principales problemas de contagio y para poder ofrecer una enseñanza de calidad. Y para hacer visible la protesta, se organizó una caravana de coches en septiembre con notable éxito, pero sin respuesta por parte de las autoridades. Sin embargo, todo no ha sido COVID en las aulas. Así, desde UGT Servicios Públicos se ha seguido luchando por todos aquellos elementos que afectan al sistema educativo en general y a los docentes en particular. De esta forma se ha protestado por el cierre de unidades, demostrando que la Administración está sola en esta política de tijera en la escuela pública.

Por otro lado, se ha continuado protestando por cese del servicio de los comedores escolares, consiguiendo que se acelerasen los concursos para que las empresas prestatarias pudieran comenzar su servicio en varios centros que llevaban meses sin comedor. Y también se ha protestado y conseguido que se agilice la contratación de PTIS en varios centros de la provincia de Córdoba, donde sus funciones estaban siendo cubiertas por docentes, algo que está fuera de sus competencias. Asimismo, desde UGT Servicios públicos se ha exigido a la Administración más transparencia en los procesos de contratación para sustituciones, ya que el proceso de funcionamiento del SIPRI es muy opaco, y no es posible hacer un seguimiento que nos garantice igualdad de oportunidades por la falta de información en su funcionamiento.

Finalmente, desde UGT Servicios Públicos se ha iniciado este curso una campaña de denuncia titulada “LOS DOCENTES EN ANDALUCÍA COBRAN MENOS QUE EN EL RESTO DE ESPAÑA”, ya que consideramos que somos el “low cost” de los docentes en España. Por ello, Varo ha exigido que se paguen las pagas del 2013 y 2014, acuerdo firmado hace años y que continua sin ser abonado. Igualmente ha exigido que se equipare el sueldo con el País Vasco, que es la comunidad autónoma que mejor paga y valora a sus docentes. Por último, y más importante, demandamos una subida salarial en base al IPC, pues desde 2010, el poder adquisitivo de los docentes andaluces no ha hecho más que empeorar.

Por tanto, aún queda mucho por lo que luchar para conseguir un sistema educativo de calidad, que valore a sus docentes con un salario digno, y tenga centros educativos dotados adecuadamente tanto de elementos materiales, como normativos que sirvan de garante de calidad educativa. Y UGT Servicios Públicos estará ahí para reivindicar que se consiga.