Tras más de quince días de funcionamiento , el proyecto estrella y casi único de los últimos cinco años de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta , y que no es otro que la implantación de la Nueva Oficina Judicial en Vélez- Málaga y El Ejido, y que entró en funcionamiento el pasado día 30 de abril de 2018, hace aguas por todos lados, a lo hay que sumar  una desastrosa y errática fase de acoplamiento de los funcionarios, en la que ni siquiera se respetaron los principios expresados en la Orden de implantación de la Nueva Oficina Judicial.

Son innumerables los problemas, disfunciones, fallos informáticos, falta de previsión y descoordinación que sufren día a día los funcionarios a la hora de desarrollar su trabajo y que ya repercute irremediablemente en los usuarios y profesionales de la Administración de Justicia.

Entre las incidencias que denuncian los funcionarios de la Nueva Oficina Judicial  de Vélez a FeSP-UGT podemos mencionar, por ejemplo:

- Por problemas informáticos no han entrado exhortos penales (peticiones de auxilio judicial) desde la creación de la Nueva Oficina Judicial. -

- Imposibilidad de los funcionarios de acceder a trabajar con su propio "usuario" (identificación profesional) en los servicios de guardia.

-  No se ha impartido formación adecuada a los funcionarios sobre la Nueva Oficina Judicial, ni sobre el cambio de jurisdicción que ha supuesto en algunos casos, con el consiguiente atasco por la necesidad de aprendizaje.

-  Descoordinación Jueces/Letrados de la Administración de Justicia para establecer criterios comunes en la ejecución, así como en el desarrollo de las tareas cotidianas del personal.

-  No se ha respetado el prometido criterio de voluntariedad en la asignación de puestos.

- Todavía no se han comenzado a recepcionar ejecutorias en el servicio correspondiente.

-  Ubicación inadecuada de determinados servicios, como el de atención al ciudadano, además no se han centralizado, ni reordenado el servicio telefónico.

Respecto a las UPADS (Juzgados reducidos en personal encargados de la tramitación de procedimientos), se las dota solamente de cuatro funcionarios, con lo que la situación que sufren resulta alarmantemente insostenible al tener que asumir un volumen de expedientes que les desborda, lo que requiere de medidas inmediatas como el establecimiento de refuerzos y aumento de plantilla. Especialmente grave es la situación de la UPAD nº 4, encargada de los casos de violencia de género, en la que los funcionarios con el cambio a la Nueva Ofician Judicial  están asumiendo unas cargas de trabajo muy superiores a las de los antiguos juzgados, con el agravante de los casos diarios de violencia de género, que requieren una intervención inmediata y el desarrollo del servicio de guardia cuando les corresponde.

Conforme nos testimonian la mayoría de los funcionarios que trabajan en las UPADS (Unidades Procesales de Apoyo Directo), debido a la mayor burocracia, los problemas informáticos, que obligan por ejemplo a reiniciar el equipo informático para poder pasar de trabajar de una a otra jurisdicción, las nuevas tareas que tras el servicio de guardia tienen que asumir, unido a la descoordinación e inadecuada planificación, conducen a un colapso inevitable del partido judicial de Vélez-Málaga, que hasta ahora y pese al gran volumen de asuntos, gracias a la profesionalidad de los funcionarios.