REUNIÓN MCA-UGT CON COSEJERO DE PRESIDENCIA PARA TRATAR CONFLICTO BASE DE MORÓN

MCA-UGT insta al Gobierno a revisar el convenio con EE.UU para regular la ratio de trabajadores en la Base de Morón

Responsables sindicales de MCA y del comité de empresa de VBR han trasladado sus protestas a la Junta de Andalucía acerca de la política de empleo en la base, tras dos EREs y la reducción de la plantilla civil en un 25%.

03/07/2014 |

Consejero de Presidencia (centro) conoce las propuestas de UGT (dcha) y alcaldes (izq)
Consejero de Presidencia (centro) conoce las propuestas de UGT (dcha) y alcaldes (izq)

Metal, Construcción y Afines (MCA), Federación de Industria, de UGT-Andalucía han pedido el apoyo y colaboración de la Junta de Andalucía para lograr el mantenimiento del empleo español en la Base Aérea de Morón de la Frontera (Sevilla), tras las extinciones de contrato aplicadas desde el 2010 y que ha reducido un 25% del personal civil.

Así sea planteado en una reunión mantenida esta mañana con el Consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, en la que han participado el Secretario General de MCA-UGT Andalucía, Manuel Jiménez; el Secretario de Organización de MCA-UGT Sevilla, Pedro Padilla; el Presidente del Comité de Empresa de VBR, José Armando González y el Secretario General del mismo, Javier Díez. Se unían los alcaldes de los municipios afectados como Morón de la Frontera, Alcalá de Guaira, El Coronil, Utrera y Arahal.

Manuel Jiménez (MCA-UGT A) ha mostrado su satisfacción por la sensibilidad e implicación de la Junta de Andalucia en la resolución de este conflicto, para instar al Gobierno central a analizar el tema. “Desde el sindicato pedimos que se revise el convenio bilateral entre Estados Unidos y España para que se regule el rato de personal militar y civil, al igual que pasa en otros países como en Turquía, donde por cada 8 trabajadores civiles hay un militar”, ha explicado. “En Rota el ratio de tres civiles por un militar y son personal del Ministerio de Defensa, que es quien debe de velar por los intereses laborales y, en consecuencia, económico de la zona. Si se sigue militarizando las tareas de mantenimiento de la base”  habría que replantearse su presencia en Andalucía “porque solo nos dejarán bombas, militares y ningún valor añadido a la economía”, ha manifestado el responsable del metal de UGT-Andalucía.

En la actualidad, y tras un fallo desfavorable del TSJA, el sindicato ha recurrido ante el Tribunal Supremo para pedir la anulación del último Expediente de Regulación de Empleo (ERE) donde se despidieron a 66 trabajadores que “`paradójicamente 60 de ellos han vuelto a ser contratados de manera eventual y con un 30% de sueldo menos (…) ahí estamos viendo los efectos de la reforma laboral: empleo fijo por eventual y discontinuo”.

Los responsables sindicales proponen además solicitar al Gobierno de EEUU que limite la política actual de las empresas adjudicatarias de sustituir trabajadores españoles por estadounidenses;  incrementar los trabajadores en función de las cargas de trabajo;  incorporar los tres departamentos de servicios que han sido eliminados en el nuevo contrato e impedir la militarización de departamentos  que están actualmente cubiertos por personal español.

Esta reunión se enmarca dentro de la ronda de contactos que MCA-UGT Andalucía y el Comité de Empresa mantiene con las fuerzas políticas con representación en el Parlamento de Andalucía y en el Congreso de los Diputados y Senado, para poner en su conocimiento la frágil situación laboral, aportando soluciones viables para dotar de una mayor seguridad y estabilidad a la plantilla española.

En los últimos tres años, esta empresa estadounidense ha promovido dos expedientes de regulación de empleo (ERE) traducidos en 200 despidos de empleados españoles y la plantilla española de las instalaciones avisa de su paulatina sustitución por personal estadounidense. Los sindicatos denuncian que las previsiones son de continuar con esta política laboral hasta dejar la plantilla en 200 efectivos (un tercio de la plantilla española existente en 2010, que era de 600 empleados). Hay que recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha declarado que los despidos realizados son improcedentes.