La pandemia también ha servido para poner en la palestra el grave problema de salud mental en nuestra sociedad. Los sindicatos ya veníamos denunciando con anterioridad como la precariedad y el deterioro de las condiciones de trabajo influyen.

A medida que pasa el tiempo van aflorando otras cuestiones que afrontar, como las derivadas de los casos COVID persistentes, con consecuencias laborales para quienes lo sufren y que exigen de políticas de prevención y de seguridad social. Y siguen pendientes otras como que, en nuestro país, la COVID-19 sigue sin ser incluida en el listado de enfermedades profesionales.

El secretario general de UGT Huelva, Sebastián Donaire ha denunciado que en el año 2021, un total de 705 personas han perdido la vida trabajando en España, 148 de ellos en Andalucía. El sindicalista apunta que en Huelva  durante el año 2021 fueron 14 las personas que perdieron la vida en sus puestos de trabajos. Donaire lamenta que en Huelva se hayan producido  7.245 accidentes laborales durante el año 2021, afirma que "el mayor número de fallecimientos se produce en situaciones contractuales que no son estables, por lo que incide en que la precariedad laboral incrementa la posibilidad de sufrir accidentes laborales." Por ello, manifiesta que "el nuevo acuerdo de la reforma laboral reducirá la temporalidad y ello debería traducirse en una disminución de la siniestralidad."

Donaire apuesta por la vigilancia, como eje fundamental para disuadir a todo aquel empresario que quiera evadir o cumplir la norma. Por ello, el incremento de la plantilla de Inspectores y Subinspectores de la Inspección provincial de trabajo es fundamental para poder abarcar con garantías todo el territorio provincial. Y apuesta por la creación de un plan de choque contra la siniestralidad laboral para  exigir a las empresas el cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales

Hoy queremos recordar a los poderes públicos españoles que tienen una deuda con las personas que enfermaron de amianto, que a pesar de conocer sus efectos mortales, no se prohibió su uso. Por ello exigimos la aprobación del fondo de compensación para las víctimas de amiento.

Así pues, Donaire ha exigido la creación de la figura del delegado/a de Prevención Sectorial o Territorial, sobre todo para atender a aquellas empresas sin representación sindical (menos de 10 trabajadores), "ya que está demostrado que aquellas empresas en las que no hay representación sindical, la siniestralidad laboral es mayor.

Finalmente, ambas centrales sindicales han manifestado que es muy necesario situar la prevención de riesgos laborales  en el centro de la recuperación y a las personas en el centro de todas las políticas.

UGT y CCOO animan a los trabajadores y trabajadoras a que defiendan su salud y seguridad en el trabajo, porque la salud es un derecho fundamental también en el trabajo.